Compartir

Violencia cuesta 25 mil pesos a cada mexicano, revelan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, cada ciudadano paga aproximadamente 25 mil pesos de “impuesto a la seguridad”, cuya cuantía supera la de un mes de ingresos del trabajador promedio, especialmente en estados como Colima, donde el costo de la violencia per cápita es de 66 mil 500 pesos, o Guerrero, donde es de 53 mil 600 pesos.

Así lo afirmó la coordinadora del Centro de Investigación del Instituto de Economía y Paz en México, Patricia de Obeso, al presentar los resultados del Índice de Paz México 2017.

De acuerdo con ese índice, la violencia le costó a México el equivalente a 18% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, un año en que el aumento de los homicidios contribuyó en gran medida al retroceso en los niveles de paz del país.

Con esos datos hay que considerar “si la inversión que hemos hecho en los últimos diez años en el combate directo al narcotráfico, en la contención de la violencia, realmente ha tenido un impacto” o si más bien hay que preguntarse “en qué deberíamos estar invirtiendo para mejorar los niveles de paz”, planteó De Obeso en conferencia de prensa.

De acuerdo con el Instituto, los niveles de paz cayeron en 2016 un 4.3%, cuando en los dos años pasados se había visto “un estancamiento”, sin avance ni retroceso.

En este descenso tuvo especial importancia el incremento en la tasa de homicidios en 18% –16.7 por cada 100 mil habitantes–, lo que básicamente “arrastra los niveles de paz de México hacia abajo”, apuntó la coordinadora.

Aun así, añadió, los niveles de paz mejoraron casi un 14% en comparación con 2011, cuando el Instituto ubicó el “punto álgido de la violencia” en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida a finales de 2006 por el entonces expresidente Felipe Calderón.

Estimó que el 60% de los homicidios reportados se cometieron con un arma de fuego, un aspecto en el que se quiere enfatizar porque, argumenta De Obeso, “el tema de las armas de fuego llama al mercado negro de armas que hay principalmente con Estados Unidos”.

Durante años este aspecto ha estado “desatendido” y actualmente “los gobiernos estatales y municipales apenas empiezan a reportar correctamente estos delitos”, por lo que aún falta trabajo para que esto se haga con “seriedad y mayor precisión”, subrayó.

Según el reporte, la tasa de crímenes de la delincuencia organizada –que examina el número de extorsiones, delitos relacionados con el tráfico de drogas y secuestros– “se mantuvo prácticamente igual, después de tres años de mejora sustancial”.

Sin embargo, De Obeso matiza que en México no hay “manera de saber a ciencia cierta o con estadísticas oficiales” qué porcentaje de los homicidios tienen que ver con el crimen organizado.

Uno de los indicadores que mejoró durante el año pasado, en 9.2%, fue el de los delitos con violencia –que comprenden violación, robo y asalto–, siguiendo la tendencia mantenida durante los últimos años, apuntó.

Asimismo, la tasa de presos sin condena bajó a 13%, lo que está directamente vinculado con la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal, con el que la prisión preventiva deja de ser generalizada y se reserva para aquellos delitos considerados como graves.

De Obeso indicó que “aún hay mucho que hacer” para que los ciudadanos vean la justicia como una institución en la que pueden confiar y para mejorar el trabajo de los policías locales, en momentos en que el Legislativo debate una polémica Ley de Seguridad Interior que busca regular la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Ahora “hay que voltear a nivel local”, para ver “qué pueden hacer” los policías, las fiscalías estatales y los ministerios públicos, “que realmente tienen un impacto en la percepción de la ciudadanía en la confianza de las instituciones”, remató.