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Ser periodista en México: Los que no son asesinados, son víctimas de espionaje

Una revelación del New York Times pone en la mira al Gobierno mexicano por su presunto espionaje a periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos que denunciaron violaciones graves, hoy por hoy moneda corriente en el país.

En lo que va de 2017, 8 periodistas han sido asesinados en el país norteamericano considerado por muchos como un narcoestado, por la densa influencia que tiene el narcotráfico allí.

Periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos en México fueron atacados por un malware llamado Pegasus, adquirido por el Gobierno mexicano en teoría para investigar a criminales y terroristas.

La revelación surge de dos fuentes: un reportaje del diario The New York Times publicado el 19/6 bajo el título Somos los nuevos enemigos del Estado” y el reporte “Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, elaborado por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Citizen Lab, organismo para investigar procesos de información y comunicación de la Universidad de Toronto en Canadá. Para el investigador de Citizen Lab, John Scott Railton, se trata de “un hecho de espionaje sin precedentes en el mundo.”

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, negó las acusaciones y ofreció un pobre consuelo: sostuvo que la sociedad mexicana es una en la “que las más de las veces nos sentimos espiados” y que él mismo es cuidadoso cuando tiene conversaciones telefónicas.

“El Presidente hace bromas para advertir que él mismo ha sido espiado. Y que, por ello mismo, se cuida mucho. Se adelanta para afirmar que su gobierno no espía, aunque, por lo que dice, de hacerlo sería irrelevante porque nadie ha cambiado su vida por esas intervenciones. Que la amenaza no fue tal, dicen los voceros presidenciales. Lo que parece incuestionable, además de creer que el espionaje es una nimiedad, es la ausencia de brújula”, escribió Jesús Silva-Herzog Márquez en el periódico Reforma.

“Espiar es un acto de poder. Es la amenaza del aniquilamiento. Tener el celular intervenido es poner la mano en el cogote al espiado, colocarlo al borde de la asfixia. Pegasus es el nombre del miedo”, escribió Roberto Zamarripa en el mismo medio.

Según el Times, desde 2011, al menos 3 agencias federales mexicanas han gastado casi US$ 80 millones en programas de espionaje de una empresa de origen israelí, que vende este tipo de tecnologías exclusivamente a los gobiernos de los países con la intención de que sean usados para combatir el terrorismo y amenazas a la seguridad nacional.

 “El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto”, explican Azam Ahmed y Nicole Perlroth de The New York Times.

La forma en que se propaga el Pegasus es a través de mensajes de texto que contienen un vínculo, explica Arturo Angel del portal Animal Político.

Si este vínculo es activado por el usuario, conecta el sistema operativo del teléfono con un servidor que descarga el programa espía en el dispositivo. La investigación técnica documentó y analizó un total de 76 mensajes de texto dirigidos a personas que fueron blanco del intento de intrusión.

“La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo”, explica el Times.

Según decenas de mensajes examinados por el diario y por analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas personas que han sido críticas del Gobierno, así como a sus familiares.

Aclara sin embargo que no hay pruebas definitivas de que el Gobierno sea responsable del espionaje, pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software contra alguien, lo que les deja pocas dudas de que el Gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.

De los 76 mensajes de texto enviados con el objetivo de infectar el equipo con el programa espía, hay una subdivisión de 2 grupos, explica Animal Político.

Por un lado está el grupo de los mensajes que eran idénticos o similares, que recibieron las víctimas.

Por ejemplo, “supuestos adeudos bancarios o con compañías telefónicas, advertencias de supuestos sujetos armados en torno al domicilio o amenazas de fotos con contenido sexual”, anuncia el portal. “El otro tipo de mensajes muestran una ingeniería social previa, para conocer el entorno de la persona y utilizar esos elementos con un objetivo”, completa.

Por ejemplo, integrantes del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO),recibieron mensjes sobre la supuesta corrupción de uno de sus directivos.

O los periodistas de Aristegui Noticias, quienes recibieron mensajes sobre el supuesto encarcelamiento de autores del reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”, por ellos elaborado.

¿Qué investigaban los blancos del intento de espionaje?

> Entre los atacados, estuvo el Centro Agustín Pro, explica Animal Político. Durante el período de la intrusión, los directivos del centro estaban activamente involucradas en la documentación y defensa de casos graves de violaciones a los derechos humanos como la desaparicion de los estudiantes en Ayotzinapa o la presunta ejecución extrajudicial cometida por el Ejército mexicano en Tlataya, explica Animal Politico.

> El portal Aristegui Noticias fue otro blanco del ataque. La periodista Carmen Aristegui, su hijo, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán fueron víctimas de intentos de intrusión vis SMS entre abril de 2015 y mediados de 2016.

Esto fue meses después de la publicación del reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto y durante la difusión de otros artículos de posible corrupción.

¿De qué se trató ese reportaje? El 9/11/14, el portal denunció la compra de una mansión de US$ 7 millones por parte de la esposa del Presidente, Angélica Rivera, a una compañía de Grupo Higa, una empresa con contratos de obra pública durante la etapa de Peña Nieto como gobernador del Estado de México entre 2005 y 2011, explica Wikipedia. “La denuncia del conflicto de interés provocó la revocación de la licitación del tren México-Querétaro a una de las empresas de Grupo Higa”, agrega el portal.

> El periodista Carlos Loret de Mola fue blanco de al menos 8 intentos de intrusión, explica Animal Político, a partir de agosto de 2015 -mes en que publicó la primera de varias columnas sobre la presunta ejecución extrajudicial de Tanhuato-.

Esto habría ocurrido el 22/5/2015, cuando la miembros de la Policía Federal mexicana rodearon el rancho El Sol -ubicado en la comunidad Puerta de Vargas del municipio Tanhuato en Michoacan- en busca de unos presuntos delincuentes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Según las versiones oficiales, el enfrentamiento entre la policía y los delincuentes había dejado a 42 de ellos muertos y un agente.

Pero Loret de Mola tuvo acceso a un peritaje que contradijo lo difundido en su momento. Este peritaje revelaba que más del 70% de las víctimas habrían sido ejectuadas. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existe evidencia de tortura a detenidos, manipulación de cadáveres, alteración de la escena y ejecución arbitraria de 22 civiles.

> El director de investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Salvador Camarena, recibió un intento de intrusión el 25/5/156, un día después de que esa organización, en conjunto con Animal Político, revelaran en un reportaje sobre las empresas fantasma de Veracruz, que llevó a la renuncia y detención del exgobernador de ese estado, Javier Duarte.

> Los miembros del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas y Alexandra Zapata, fueron víctimas de intentos de intrusión mientras impulsaron varias investigaciones sobre presuntos casos de corrupción y la promoción de la Ley 3 de 3, para que los funcionarios declaran públicamente qué bienes poseen, explica Animal Político.